El caso del asesinato de Samir Flores Soberanes ha generado preocupaciones sobre la relación entre la política y la criminalidad en México, particularmente en el contexto del Proyecto Integral Morelos (PIM). Con la cercanía del sexto aniversario de su muerte, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, así como diversas organizaciones sociales, han exigido a la Fiscalía General de la República (FGR) que retome investigaciones que supuestamente involucran a políticos del partido Morena y su vinculación con el crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En una reciente conferencia de prensa, estos activistas pidieron que figuras clave, como el exgobernador Cuauhtémoc Blanco y el diputado federal Hugo Erick Flores, sean llamados a declarar. Esto se da en el marco de la carpeta de investigación que había sido abierta inicialmente por la Fiscalía de Morelos, donde se alega que existen evidencias que lo conectarían con el crimen. El caso de Samir Flores, locutor de una radio indígena y un conocido opositor al PIM, fue atrajo por la FGR a través de su Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE), pero los activistas han manifestado su descontento con la falta de avance en la investigación.
Apenas días antes de su asesinato, Samir Flores había confrontado a Hugo Erick Flores sobre las tensiones en la región, lo que apunta a que su muerte puede estar relacionada con la oposición a grandes proyectos de infraestructura que afectan a las comunidades indígenas. Este contexto subraya la complejidad de la situación en torno a la defensa de los derechos de las comunidades y la necesidad de respuestas claras y compromiso de las autoridades en casos de violencia contra activistas.