El caso de Rosaura, quien fue víctima de feminicidio a manos del exmilitar y expolicía Marco Antonio M. G., resalta serias preocupaciones sobre la protección de las víctimas en situaciones de violencia de género. A pesar de que Rosaura había denunciado previamente a su agresor en dos ocasiones, las medidas cautelares no impidieron que sucediera un desenlace fatal.
Desde el feminicidio el 5 de febrero de 2025, el proceso penal ha enfrentado múltiples retrasos debido a amparos y solicitudes de diferimiento por parte de la defensa de Marco Antonio. Esto ha impedido que el caso avance a la etapa intermedia, lo que genera frustración entre los familiares de Rosaura y refleja la ineficacia del sistema judicial para abordar con urgencia y seriedad los casos de feminicidio.
Además, las autoridades que debían proteger a Rosaura no han asumido la responsabilidad por su falta de acción. Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo está realizando una investigación, aún no ha establecido si hubo violaciones a los derechos de Rosaura por parte de los funcionarios involucrados.
El caso también involucra a otros miembros de la familia de Rosaura, quienes fueron víctimas del mismo ataque. Su padre y uno de sus hermanos sobrevivieron al ataque, y un menor de ocho años fue testigo de la brutalidad del crimen. Estos elementos ponen de relieve la necesidad urgente de un sistema más robusto para proteger a las víctimas de violencia de género y para garantizar que las denuncias sean tratadas con seriedad y eficacia.
La liberación condicional de Marco Antonio, a pesar de la grave amenaza que representaba, evidencia fallas significativas en la administración de justicia y en la protección de las víctimas. La decisión de la jueza, a pesar de las advertencias de Rosaura sobre el riesgo que corría, subraya la urgencia de reformar el sistema judicial para que tales situaciones no se repitan y para que las víctimas se sientan seguras y protegidas.