La absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en relación con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha generado reacciones significativas, especialmente desde el ámbito de los derechos humanos. María Luisa Aguilar Rodríguez, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destacó que esta decisión judicial desafía la llamada 'verdad histórica' de la investigación liderada por Jesús Murillo Karam, quien fue titular de la Procuraduría General de la República (FGR) durante los momentos clave del caso.
Aguilar Rodríguez explicó que Abarca y otros implicados fueron procesados bajo la acusación de secuestro de los normalistas, basándose en la 'verdad histórica' que se planteó en la causa penal 66/15, presentada a principios de 2015. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso legal, muchas de las pruebas contra Abarca y otros se desestimaron por ser ilegales, lo que condujo a su absolución en 2019, una decisión que fue reafirmada en mayo de 2023.
El Centro Prodh, que representa a las familias de los desaparecidos, presentó un amparo directo no porque consideraran que la versión del caso fuese correcta, sino porque era el último recurso disponible para las familias. Aguilar Rodríguez subrayó que lo preocupante es que la sentencia del Poder Judicial no solo ratifica la absolución de Abarca, sino que también rechaza la 'verdad histórica' construida a partir de pruebas que no eran válidas.
A pesar de esta absolución, Abarca sigue enfrentando cargos relacionados con delincuencia organizada, que fueron presentados por la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) bajo la dirección de Omar Gómez Trejo, lo que le mantiene bajo custodia. Aguilar Rodríguez alertó sobre la fragilidad del sistema judicial en este caso, donde el desmoronamiento de las acusaciones originales indica problemas serios en la manera en que se llevaron a cabo las investigaciones iniciales.