En Puebla, diversas organizaciones, comunidades, académicos y ambientalistas están uniendo fuerzas para oponerse a las reformas hídricas propuestas por el Gobierno federal. Estas reformas, que han generado un amplio rechazo, son vistas como una continuación de prácticas neoliberales que promueven la privatización del agua y no abordan cuestiones críticas como la sobreexplotación, el acaparamiento de recursos, y la contaminación, además de permitir prácticas como el fracking.
La iniciativa, que fue presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Congreso el 2 de octubre, establece un plazo de 60 años para que el Estado garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución. Este plazo, que se extiende hasta 2085, ha sido objeto de críticas debido a que muchos consideran que no se está tomando acción inmediata para resolver la crisis hídrica que enfrenta el país.
A pesar de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien considera estas reformas como un avance y una forma de cumplir con su promesa electoral de tratar el agua como un bien nacional, las organizaciones y comunidades han alzado su voz denunciando una posible simulación de participación social. A nivel nacional, organizaciones han llevado a cabo conferencias de prensa con mensajes unificados, resaltando la falta de consenso real y el riesgo de que estas iniciativas beneficien a intereses específicos, en vez de proteger el agua como un recurso común.
El rechazo indica una creciente sensibilización sobre la gestión del agua en México y la necesidad de un enfoque que priorice los derechos de las comunidades y el equilibrio ecológico, en oposición a modelos extractivistas que han prevalecido en el país y que muchos consideran han contribuido a la actual crisis hídrica.