El reciente caso en Ecatepec ha puesto de manifiesto las preocupaciones sobre la violencia de género y la impunidad en el contexto de la política. Durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas exigieron el desafuero del diputado local Isaac Josué Hernández Méndez, del Partido del Trabajo (PT), al ser señalado de ser deudor alimentario durante ocho años y de ejercer violencia vicaria. Según las denuncias realizadas, Hernández Méndez habría utilizado su posición como legislador para influir en los procesamientos judiciales relacionados con sus obligaciones alimentarias y en la custodia de sus hijos.
Fernanda de la Rosa, expareja del diputado, se sumó a las protestas, exponiendo su situación y denunciando no solo la falta de pensión alimenticia, sino también la intimidación y las amenazas en el contexto de su lucha por la custodia de sus hijos. Las acusaciones de corrupción judicial y complicidad de jueces también fueron un punto central de su declaración, lo que enfatiza la preocupación sobre la corrupción en el sistema judicial y su impacto en las víctimas de violencia de género.
Las colectivas feministas no solo pidieron el desafuero del legislador, sino que también instaron a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a revisar los casos en los que existe complicidad entre el sistema judicial y los deudores alimentarios y violentadores. Este tipo de manifestaciones reflejan la creciente exigencia de justicia y los derechos de las mujeres en situaciones de violencia familiar y de género en el país.