El caso de Antonio González Méndez resalta la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el contexto de las violaciones a derechos humanos en México. A un año de la sentencia emitida por la Corte, organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de acciones efectivas por parte del Estado mexicano para cumplir con las órdenes dictadas.
La Corte IDH condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de González Méndez, un indígena Chol Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se realizó en 1999 en un contexto de violencia y represión hacia comunidades indígenas en Chiapas. La sentencia subraya que las desapariciones forzadas son imprescriptibles y que el Estado debe rendir cuentas, lo cual marca un precedente significativo para otras víctimas que han sufrido violaciones similares.
A pesar de esto, el cumplimiento de la sentencia ha sido cuestionado. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las acciones llevadas a cabo por las autoridades han sido meramente administrativas y carecen de avances substanciales tanto en la búsqueda de González Méndez como en la investigación del caso. La Fiscalía estatal ha planteado la hipótesis de que su desaparición estuvo a cargo de un grupo paramilitar, pero no ha logrado esclarecer completamente los hechos ni implementar las resoluciones de la Corte IDH.
Esta situación ha suscitado serias dudas sobre la voluntad del Estado mexicano para garantizar justicia y verdad en los casos de graves violaciones a derechos humanos. La falta de acción efectiva en este caso pone de manifiesto un patrón preocupante en la respuesta del Estado a las recomendaciones y fallos de instancias internacionales en materia de derechos humanos.