La situación en La Palma, un pueblo de la Sierra de Petatlán, se ha vuelto crítica debido a la violencia y el control ejercido por los sicarios de La Familia Michoacana. Los residentes han enfrentado constantes amenazas para pagar cuotas y ser reclutados por el crimen organizado. Esta presión ha llevado a la devastación del ganado, la destrucción de viviendas mediante ataques con drones, y el desplazamiento de 50 familias.
El asesinato de Jaime Ramírez Bravo, hermano del comisario local, el 10 de agosto, fue el catalizador para que la comunidad se movilizara y presionara por la intervención del gobierno. Los pobladores bloquearon la carretera Acapulco–Zihuatanejo los días 12 y 13 de agosto, exigiendo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que tome medidas para eliminar la presencia de los criminales en la zona. La situación refleja el creciente conflicto entre grupos criminales y las comunidades que buscan recuperar su seguridad y estabilidad.