El asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, ha generado preocupación y condena en representación de la violencia que enfrentan muchas autoridades en México. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el alcalde contaba desde diciembre de 2024 con protección que incluía al menos 14 elementos de la Guardia Nacional y policías municipales para su resguardo.
A pesar de las medidas de seguridad, Manzo fue atacado en un evento público, lo que subraya los riesgos que enfrentan los funcionarios en regiones donde operan grupos del crimen organizado. García Harfuch también mencionó que el arma utilizada en el ataque está vinculada a incidentes de violencia entre bandas criminales, y aseguró que se están llevando a cabo investigaciones para identificar y detener a los responsables del crimen.
Este trágico suceso resalta la crítica situación de seguridad en el estado de Michoacán y las dificultades que enfrentan las autoridades para protegerse a sí mismas y a su comunidad en un clima de creciente violencia. La condena al ataque y el compromiso de no permitir la impunidad son, según García Harfuch, un llamado a la acción para restaurar la seguridad en la región.