El conflicto por el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) ha escalado en complejidad, involucrando a varias figuras clave dentro del sistema judicial y político de México. Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ha jugado un papel fundamental en este litigio, actuando como apoderado legal del Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien también tiene intereses en la marca que se disputa debido a su relación con la UDLAP.
La historia comenzó con una demanda de Guillermo Jenkins de Landa, quien se opuso a que los bienes de la fundación se transfirieran a otro patronato. Inicialmente, la FGR rechazó la representación de Jenkins, pero en 2020, tras cambios en la dirección del patronato por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la situación tomó un giro inesperado. Ahora, la FGR ha decidido investigar al rector Luis Ernesto Derbez, a quien se le acusa de supuestos delitos graves como lavado de dinero y delincuencia organizada.
El vínculo entre Gertz Manero y Derbez, ambos con experiencia en el gabinete de Vicente Fox, añade una capa de complejidad política al caso. La reactivación de la investigación por parte de la Subprocuraduría, a pesar de un cierre previo por falta de evidencias, demuestra cómo las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por cambios en el entorno político y administrativo. Esto ilustra las tensiones entre los intereses políticos y los procesos legales, y plantea preguntas sobre la imparcialidad en la resolución de conflictos entre instituciones educativas y sus administradores.