El caso de Nelly Concepción Soto Mijangos ha suscitado un gran interés y preocupación en torno a la situación de las víctimas de abuso sexual en instituciones educativas. La reciente decisión del juez federal en el Estado de México, quien le otorgó un amparo que evita su expulsión de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), refleja una respuesta judicial en favor de los derechos de las víctimas en el contexto de denuncias de violencia de género.
Soto Mijangos denunció al rector de la UACh, Ángel Garduño García, por presuntamente abusar de ella en octubre de 2022, momento en que él ocupaba un cargo de relevancia en la universidad. La denuncia ha derivado en un proceso penal que ha impactado negativamente su desempeño académico, lo que llevó a su solicitud de protección ante el sistema judicial.
El juez ordenó a la universidad que elabore un plan de regularización para que Soto Mijangos pueda continuar sus estudios y se le garantice una respuesta justa y fundamentada en el contexto de su situación. Esto implica un reconocimiento de la necesidad de juzgar con una perspectiva de género y de considerar las circunstancias particulares de la víctima en el entorno académico.
A pesar de la gravedad de la acusación contra Garduño García, quien ha sido vinculado a proceso por violación equiparada, el rector ha logrado enfrentar el proceso en libertad gracias a un amparo previo, lo que ha generado críticas sobre el manejo del caso y la protección de las víctimas en el sistema judicial.
La situación de Soto Mijangos y las decisiones judiciales reflejan un entorno complejo en el que se entrelazan cuestiones de derechos humanos, justicia, y el manejo de denuncias de violencia de género en instituciones educativas.