El motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, ocurrido el 2 de agosto, ha puesto de manifiesto las serias deficiencias que han afectado al penal y que han sido documentadas por organismos de derechos humanos durante años. A pesar de las advertencias anteriores, las condiciones de violencia en el penal no solo continuaron, sino que se agravaron, resultando en la muerte de ocho internos y lesiones a otros diez.
Desde 2018, el Cereso de Tuxpan estuvo incluido en múltiples informes del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que alertaban sobre problemas en los procedimientos disciplinarios, la falta de normativas internas y fallas en la clasificación de los reclusos. Tales deficiencias eran vistas como peligrosas para la seguridad dentro del penal. Durante los años 2018 y 2019, el diagnóstico identificó signos de autogobierno, actividades ilícitas, y la extorsión a internos, lo que reflejaba un déficit en el control de seguridad.
A pesar de que en años posteriores se reportaron mejoras en ciertos aspectos, la CNDH continuó señalando la existencia de irregularidades, como cobros por servicios y una supervisión institucional débil, lo que mantenía significativos riesgos para la gobernabilidad del centro. Aunque el penal obtuvo en 2023 la mejor calificación hasta ahora con un score de 7.0, persistían áreas de riesgo que no habían sido abordadas adecuadamente. Esto indica que, a pesar de la mejora en la evaluación, las condiciones estructurales y operativas del penal siguen siendo preocupantes y requieren atención urgente para garantizar los derechos humanos de los internos y la seguridad en el establecimiento.