El Congreso del Estado de Chiapas ha aprobado la llamada "Ley Ingrid", que implica reformas al Código Penal con el objetivo de sancionar la distribución no autorizada de imágenes de víctimas de violencia de género, feminicidios y otros delitos. Esta ley establece penas de hasta seis años de prisión tanto para funcionarios públicos como para ciudadanos y medios de comunicación que divulguen o utilicen imágenes, videos o información relacionada con investigaciones penales sin el consentimiento correspondiente.
Con esta modificación, Chiapas se convierte en la quinta entidad en implementar regulaciones similares para proteger la dignidad y privacidad de las víctimas, buscando prevenir la revictimización y asegurar el respeto a sus derechos. La ley fue respaldada por diversos legisladores y colectivos feministas, quienes destacaron su importancia en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la violencia de género.
Se enfatizó que la reforma no limita la libertad de expresión, sino que busca establecer consecuencias claras para aquellos que vulneren la dignidad humana. Con esta legislación, se espera mejorar la protección de la intimidad y dignidad de las víctimas, particularmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. La ley sigue un esfuerzo más amplio que se ha visto a nivel federal con la misma intención de proteger a las víctimas y sus familiares.