En el Estado de México, se han implementado reformas al Código Penal local que establecen sanciones de hasta 24 años de prisión para los conocidos "montachoques", prácticas delictivas vinculadas a la extorsión. Esta medida busca proteger a los más de 6 millones de propietarios de vehículos registrados en la entidad, debido al aumento de este tipo de delitos, donde grupos organizados provocan intencionalmente accidentes vehiculares para extorsionar a las víctimas con compensaciones económicas, a menudo utilizando la violencia.
Con la nueva legislación, el delito de extorsión, que hasta ahora se penalizaba con 12 años de prisión y multas, podrá incrementarse considerablemente cuando las víctimas sean personas en situaciones vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidades. Los legisladores han señalado que estas actividades criminales han aumentado en los últimos años y afectan gravemente la integridad física y económica de las personas, especialmente en áreas urbanas.
La iniciativa no solo busca sancionar las conductas delictivas, sino también promover un entorno de seguridad vial más seguro y justo, enfatizando la prevención y el acceso equitativo a la justicia.