El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer ha sido convocado a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública el 5 de noviembre por presuntas faltas administrativas tras su denuncia sobre el saqueo y la destrucción del patrimonio público relacionado con el Tren Maya. A pesar de sus 45 años de experiencia en el INAH, ha sido criticado por la administración del instituto tras sus declaraciones en las que alertaba sobre el riesgo de pérdidas arqueológicas en el proyecto. El INAH considera que sus comentarios son desinformativos y que no ha seguido los procedimientos adecuados para reportar irregularidades. Cortés ha defendido su postura, argumentando la gravedad de los daños al patrimonio cultural. Esta situación ha generado controversia sobre la gestión del Tren Maya y la protección del patrimonio arqueológico en la región.