La reciente operación conjunta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México resultó en el aseguramiento de casi 500 hectáreas y el desmantelamiento de 10 presas clandestinas en un área natural protegida de Valle de Bravo. Esta acción se llevó a cabo en respuesta a la creciente preocupación sobre la proliferación de lagos privados que estaban desviando caudales de ríos y manantiales, perjudicando los niveles de la presa Miguel Alemán.
Según informes previos, el número de represas privadas había crecido considerablemente, de 200 en 2021 a cerca de 400, afectando de manera negativa el caudal de la presa de Valle de Bravo, que es parte del Sistema Cutzamala, el cual abastece de agua a la Ciudad de México. Esta situación ha sido agravada por actividades como la tala clandestina, el boom inmobiliario y el cambio climático, que también han contribuido a la disminución de los recursos hídricos.
Durante el operativo del 11 de abril, se encontró que estas represas estaban captando agua sin los permisos necesarios y generando diversas situaciones de daño ambiental en las cuencas de varios ríos. En la acción participaron alrededor de 150 personas, incluyendo inspectores, abogados y personal de seguridad pública. Aunque no se realizaron detenciones, se inició una investigación por los daños ocasionados a la biodiversidad de la región. Además, se aseguraron 27 vehículos que podrían estar relacionados con delitos ambientales, cuyos bienes fueron entregados a las autoridades pertinentes.