El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado un dictamen de reforma que busca endurecer las penas por el delito de despojo, en respuesta a un aumento en casos de este tipo que afecta a miles de familias. Impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la iniciativa se presentó durante su primer informe de Gobierno y fue discutida en comisiones unidas.
Las nuevas disposiciones proponen penas de prisión de entre 6 a 11 años para quienes despojen de un inmueble, con penas más severas (hasta 11 años) si las víctimas son grupos vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o miembros de comunidades indígenas.
El objetivo de estas reformas es mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de bienes raíces y proporcionar mayor protección a las víctimas de despojo. Durante la discusión, se destacó la importancia de responder a la crisis actual de despojo, que afecta a aproximadamente 29 mil familias en la ciudad.