La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado una iniciativa al Congreso local para reformar el artículo 253 del Código Penal, con el fin de endurecer las sanciones por el delito de asociación delictuosa. Esta propuesta busca incrementar la pena mínima de cuatro a cinco años y la pena máxima de ocho a diez años. Además, se planea duplicar las multas asociadas, que pasarían de 200 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale a entre 22,000 y 226,000 pesos.
La iniciativa también introduce un nuevo rango de sanción de 10 a 15 años de prisión para aquellos que formen parte de bandas involucradas en delitos graves como homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada, robo, narcomenudeo o lavado de dinero. Asimismo, se propone aumentar la pena a la mitad para quienes ocupen cargos de dirección, administración, supervisión u organización en estas bandas delictivas.
El gobierno capitalino argumenta que esta reforma busca lograr una mayor “proporcionalidad” y “utilidad social” en las penas, basándose en datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que indican que alrededor del 10% de las personas detenidas en la capital están relacionadas con grupos delictivos organizados. Esta iniciativa se presenta en un momento en que la administración de Brugada se ha enfocado en reforzar la seguridad y en la lucha contra las estructuras criminales, alineándose con la estrategia federal que involucra a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.