Las busquedas de desaparecidos en México, como las llevadas a cabo por el colectivo de víctimas de Tetelcingo y Jojutla, han puesto de relieve la necesidad de una vigilancia y pronunciamiento más activo por parte de las instituciones de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). Recientemente, los miembros de este colectivo demandaron a la CDHEM que se pronuncie públicamente sobre su función en las exhumaciones en el panteón Pedro Amaro y las irregularidades en la inhumación de cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado.
Amalia Alejandra Hernández, vocera del colectivo, destacó que la CDHEM no ha tomado una postura clara respecto a las prácticas ilegales relacionadas con la inhumación de los cuerpos, ni acerca del proceso de exhumación que ha sido llevado a cabo, lo que ha generado gran preocupación entre las familias de las víctimas. Durante una entrevista, enfatizó la falta de un pronunciamiento que aborde la ausencia de seguimiento en la identificación forense de los cuerpos exhumados.
Además, se recordó que en 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estuvo presente durante las exhumaciones en Tetelcingo, sin embargo, en el reinicio del proceso en 2022, la CNDH no fue convocada, lo que llevó a un papel minoritario de la CDHEM que solo se activó tras la presión de las víctimas. También, se hizo mención del silencio de la CDHEM en otras situaciones críticas, como el hacinamiento de cuerpos en los Servicios Médicos Forenses en 2021, donde a pesar de que hubo una queja, no se emitió un pronunciamiento público al respecto.
Hernández criticó el enfoque casi pasivo de algunos observadores de la CDHEM durante las diligencias de exhumación, alegando que su participación se limitaba a la toma de notas, dejando de lado un papel más proactivo que podría beneficiar el proceso y los derechos de las víctimas y sus familias.