La reciente integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa una oportunidad para abordar las necesidades de los sectores históricamente discriminados, como los pueblos originarios de México. Antonio Sorela Castillo, jurista y defensor de los derechos humanos, ha sido candidato a ministro del máximo órgano judicial del país y señala que un gran desafío para la nueva corte será garantizar el respeto y la protección del derecho a la autodeterminación de estas comunidades, de acuerdo a su cosmovisión.
Sorela destaca la importancia de crear un grupo interdisciplinario dentro de la SCJN que se especialice en temas de interculturalidad, para mejorar la impartición de justicia a toda la población mexicana. Además, advierte que los nuevos ministros deben ser conscientes de las consecuencias que podrían enfrentar si sus decisiones van en contra de los derechos de las comunidades indígenas, ya que los pobladores podrían ejercer presión para exigir su renuncia.
Con una formación académica sólida y una conexión directa con sus raíces, Sorela resalta que los pueblos originarios han sido históricamente invisibilizados, y que el sistema legal en México ha sido diseñado sin tener en cuenta sus realidades. Denuncia que esto ha llevado a que muchos ciudadanos no indígenas no comprendan plenamente las normas, lo que a su vez ha resultado en una falta de acceso a la justicia para las comunidades indígenas.
En resumen, la labor futura de la SCJN, tal como lo plantea Sorela, deberá enfocarse en la creación de un entorno de justicia inclusivo que respete y promueva los derechos de todos los mexicanos, especialmente de aquellos que históricamente han sido marginalizados.