La situación de derechos humanos en Chiapas es crítica, marcada por la violencia estructural y el control armado de territorios, según el informe presentado por Raúl Vera López, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). A pesar de la aparente calma, hay un notable aumento en los incidentes de desplazamiento forzado de comunidades, especialmente en áreas autónomas controladas por grupos zapatistas. Vera López critica la estrategia del gobierno, a la que califica de "negociacionismo oficial", por sus supuestos vínculos con estructuras criminales y por la manera en que se presenta como efectiva mientras en realidad agrava la situación.
El obispo denunció la militarización de la región, subrayando que esta no ha traído la seguridad prometida, sino que ha intensificado la violencia y la represión en comunidades que viven bajo el miedo. Se ha documentado un alarmante número de más de 16,000 casos de desplazamiento forzado, así como despojos de tierras y agresiones contra defensores de derechos humanos. La situación, según el Frayba, contradice los discursos oficiales de estabilidad y paz, evidenciando un panorama de asesinatos, desapariciones y una creciente militarización que afecta gravemente la autodeterminación de los pueblos.