La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un informe alarmante que resalta la crisis de desapariciones en México, donde más de 128 mil personas han desaparecido y alrededor de 70 mil cuerpos no identificados están bajo la custodia del Estado. La CIDH señala que muchas de estas desapariciones están vinculadas al crimen organizado y sugieren que hay una connivencia entre estos y agentes estatales, lo que podría calificar estas acciones como desapariciones forzadas.
Durante la presentación del informe, la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, declaró que el volumen y el contexto de las desapariciones son tales que es irrealista pensar que las autoridades no están al tanto de las actividades del crimen organizado. La CIDH aboga por que el Estado aborde y esclarezca esta situación de aquiescencia.
Además, el informe no solo detalla la crisis de desapariciones, sino que aborda situaciones particulares como las de mujeres, migrantes y personas LGBTQ+, así como el reclutamiento forzado de jóvenes, y critica la impunidad que rodea estos casos. Aunque el informe comparte similitudes con uno emitido por el Comité de la ONU, evita calificar las desapariciones forzadas en México como "crímenes de lesa humanidad", y reconoce algunos avances en las políticas públicas del país.
La reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum fue diferente de su respuesta a informes anteriores, mostrando un tono más receptivo al documento de la CIDH. La participación de funcionarios de alto nivel en la presentación del informe sugiere un reconocimiento por parte del gobierno de la gravedad del asunto. Pochak enfatizó que sigue habiendo desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado y reiteró la necesidad de que el gobierno refuerce su compromiso con la protección de los derechos humanos, en particular frente a la infiltración del crimen organizado en las instituciones.