El reciente conflicto entre el defensor José Martínez Cruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha ganado atención, especialmente tras las declaraciones de Martínez Cruz sobre el hostigamiento que ha enfrentado debido a su postura sobre la implicación del Ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este tema ha sido sensible y delicado en México, dada la gravedad de las acusaciones y el papel de las instituciones en la protección de los derechos humanos.
Martínez Cruz lamentó que la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, descalificara sus preocupaciones y su llamado a una disculpa pública, al considerarlo un “exceso de verborrea sin fondo”. Es importante destacar que el litigio comenzó después de que Martínez Cruz diera entrevistas a medios de comunicación, lo que llevó a su cese del cargo que ocupaba hasta agosto de 2020.
Durante los últimos cinco años, la CNDH ha presentado denuncias contra él, pero estas fueron desechadas por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que culminó en la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que favoreció a Martínez Cruz en ciertos aspectos del litigio.
A pesar de los esfuerzos de la CNDH por sostener que no hubo hostigamiento en su contra, la decisión de la SCJN y el reconocimiento de la responsabilidad administrativa por el uso indebido de información obtenida en su cargo sugiere un contexto complejo en la relación entre Martínez Cruz y la CNDH. Este caso ilustra algunas de las tensiones que pueden surgir cuando las responsabilidades institucionales chocan con las acciones y denuncias de activistas por los derechos humanos.