La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México está siendo acusada de presionar a las víctimas de un secuestro llevado a cabo por elementos de la Guardia Nacional, quienes supuestamente se hicieron pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La denuncia proviene de Miguel Ángel Barrueta Enciso, un miembro de una de las familias afectadas, quien afirma que la CNDH intentó forzar una conciliación en un caso que ellos no están dispuestos a aceptar, y que esto se realizó sin su consentimiento.
Según Barrueta, la queja presentada el 5 de abril de 2024 fue supuestamente "resuelta" por la CNDH a través de un acuerdo unilateral con la Guardia Nacional, a pesar de que las víctimas manifestaron su negativa a participar en un mecanismo alternativo de resolución. La CNDH determinó que el secuestro constituyó una "responsabilidad administrativa" por parte de los elementos de la GN, y no una violación grave a los derechos humanos, por lo que no emitirá una recomendación.
Barrueta también critica a la CNDH por presuntamente intentar proteger la imagen de la Guardia Nacional, alegando que su conciliación carece de la voluntariedad requerida, dado que la familia no ha firmado ningún acuerdo y se opuso por escrito a la conciliación. Acusa a la CNDH de revictimizar a las víctimas y de falsear información en sus resolutivos, incluyendo que las víctimas conocieron y aceptaron los términos de la conciliación, que ellos desconocen.
Este caso se relaciona con un incidente que tuvo lugar el 11 de octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, donde se descubrió una célula delincuencial compuesta por un integrante de la Guardia Nacional y un exmilitar que mantenía secuestradas a dos personas, pidiendo un rescate de 50 mil dólares.