El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una fuerte respuesta de parte de más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas, quienes han expresado su condena a la validación de una reforma considerada "regresiva" a la Ley General de Víctimas. Esta reforma, aprobada en 2020, eliminó el tope mínimo presupuestal destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas.
El pasado 18 de octubre, el pleno de la SCJN decidió no invalidar esta reforma, a pesar de la propuesta del ministro Giovanni Figueroa en sentido contrario. Las organizaciones señalaron que esta decisión representa un desdén por parte del nuevo gabinete de la Corte hacia las víctimas, sobre todo cuando en 2024, la SCJN ya había declarado inconstitucional la eliminación de la obligación de destinar un presupuesto mínimo a la atención a víctimas.
Los colectivos argumentan que al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de esta reforma, se vulnera el principio de "cosa juzgada", que protege la seguridad jurídica de las decisiones previas de la Corte, y se ignora el deber del Poder Legislativo de modificar la ley de acuerdo con la resolución anterior. La falta de estos ajustes legislativos debería haber llevado a la SCJN a formalizar una declaratoria de inconstitucionalidad, como lo establece la Constitución.
Asimismo, los firmantes del pronunciamiento consideran que esta decisión es un retroceso en derechos humanos y debilita los mecanismos de protección y reparación para las víctimas. Aseguran que sin un presupuesto asegurado y un marco normativo sólido, las medidas destinadas a atención, verdad, memoria y garantía de no repetición se convierten en meras intenciones sin efectividad real. La acción de la SCJN se percibe como un ataque al principio de progresividad de los derechos humanos, lo cual podría llevar a una disminución en los derechos de las víctimas en el país.