Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han solicitado una revisión de las dos sentencias dictadas a la activista Kenia Hernández, quien se encuentra en prisión en el penal de Tepozanes, Nezahualcóyotl. A pesar de que se han cerrado las ocho causas federales en su contra relacionadas con protestas, sigue enfrentando cargos a nivel estatal por presunto robo con violencia. Las organizaciones argumentan que esta situación es una forma de criminalización de su activismo social.
El pronunciamiento conjunto de diversas organizaciones, incluyendo ACAT Francia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señala que el cierre de los casos federales brinda una oportunidad para corregir lo que consideran violaciones al debido proceso. Resaltan que la pena de 21 años impuesta a Hernández por causas del fuero común debe ser evaluada bajo estándares internacionales que protegen a los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y el derecho a la protesta pacífica.
Además, los organismos han expresado su preocupación por las irregularidades en el juicio, como la falta de acceso a audiencias presenciales, la ausencia de interpretación en lengua indígena, y las restricciones impuestas a las visitas familiares y del equipo jurídico de Hernández. También mencionan que el impacto de su encarcelamiento afecta a sus hijos y a su comunidad, debido a la dificultad económica y logística para recibir visitas.