La asamblea comunitaria de Santa María Chimalapa ha tomado la drástica medida de retener al procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, y a otros dos funcionarios estatales en respuesta a un fallo del Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec que reconoce asentamientos chiapanecos en territorio de Oaxaca. Los inconformes exigen una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, ya que consideran que la resolución afecta sus derechos agrarios e indígenas.
El conflicto se centra en la expropiación de 2 mil 651 hectáreas consideradas por el Tribunal como parte de los ejidos Canaan y General Rafael Cal y Mayor. La asamblea sostiene que este fallo ignora decisiones previas de la SCJN que ya habían favorecido a Oaxaca en el conflicto territorial con Chiapas. A pesar de que los funcionarios retenidos están en buenas condiciones de salud y reciben alimentos, insistieron en que no serán liberados hasta que puedan dialogar directamente con la presidenta.
La comunidad también ha bloqueado el acceso para evitar la entrada de personas ajenas, advirtiendo sobre posibles detenciones si se ignoran sus advertencias. Esta situación destaca la tensión existente en la región en torno a los derechos de propiedad y la identidad indígena.