La Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) ha expresado su preocupación respecto al "Plan de acción conjunta sobre minerales críticos" anunciado por el Gobierno de México y Estados Unidos, afirmando que este acuerdo intensifica la dependencia de México hacia la política estadounidense y pone en riesgo a las comunidades que se oponen a las actividades mineras. Según REMA, este plan podría conllevar la continuación de una explotación minera que ya ha causado estragos ambientales en diversas localidades, como lo evidencian los daños en el Ejido de Carrizalillo en Guerrero, donde la minería ha afectado gravemente el entorno.
La organización también critica que la iniciativa responde a los intereses de Estados Unidos de mantener su hegemonía en el ámbito global y geoestratégico, especialmente frente a China, asegurando el acceso a recursos estratégicos y fortaleciendo cadenas de suministro consideradas vulnerables. En este contexto, se advierte sobre el establecimiento de un “escenario de excepción” que podría facilitar la implementación de proyectos mineros y otras iniciativas extractivas bajo una narrativa de interés nacional, algo que ya se ha evidenciado en otros proyectos como el Tren Maya y la explotación de litio.
REMA cuestiona las declaraciones del gobierno mexicano sobre la defensa de la soberanía nacional, al considerar que las políticas y reformas impulsadas continúan favoreciendo la explotación del territorio. Advierte que, a pesar de la retórica oficial, la realidad muestra un aumento en las aprobaciones de proyectos de exploración minera, contradiciendo promesas de no abrir nuevas minas.
En conclusión, REMA llama a la atención sobre los riesgos ambientales y sociales que implican estos acuerdos, así como sobre la necesidad de reconsiderar las políticas actuales hacia la minería y el extractivismo en general, que, según ellos, perpetúan una lógica neoliberal en la gestión de los recursos naturales.