La situación en Puebla respecto a la ley del ciberasedio ha generado un intenso debate sobre su impacto en la libertad de expresión y su aplicación a los servidores públicos. La reforma propuesta busca excluir a estos últimos como posibles víctimas del delito de ciberasedio, que está estipulado en el artículo 480 del Código Penal del Estado.
La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, anunció que se realizarán cambios a la ley, los cuales se espera que se aprueben antes del 15 de julio, coincidiendo con el cierre del actual período ordinario de sesiones. Se hará esto tras recopilar y analizar los resultados de varios foros sobre el tema que han tenido lugar, buscando dar respuesta a las críticas y preocupaciones sobre el uso de esta legislación.
La intención de la reforma, según García, es proporcionar claridad y eliminar malentendidos que podrían limitar la libertad de expresión, afirmando que la ley inicialmente se propuso para proteger a los menores del ciberacoso, pero ha sido malinterpretada y utilizada políticamente a nivel nacional.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, también apoyó esta postura, subrayando la necesidad de proteger a los funcionarios públicos de posibles acciones legales bajo esta ley, argumentando que la legislación debería enfocarse en combatir la ciberdelincuencia y no en restringir el trabajo de medios de comunicación o críticos del gobierno.
En resumen, la intención es reformar la ley del ciberasedio para salvaguardar la libertad de expresión y garantizar que la crítica política no se vea penalizada bajo esta normativa.