La reciente reforma aprobada por el Congreso de Veracruz ha suscitado un intenso debate político, especialmente entre los diputados de oposición. La medida otorga nuevamente a la gobernadora Rocío Nahle la potestad de nombrar al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), un cambio significativo que reduce la duración del mandato del fiscal de nueve a cuatro años. Anteriormente, el proceso de designación estaba en manos del Congreso local, que seleccionaba a la terna de candidatos a través de una convocatoria abierta.
Este cambio legislativo tiene implicaciones directas para la actual fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, quien está asociada al partido Morena y fue designada en un proceso legislativo acelerado. Ella asumió el cargo en mayo de 2020, tras la remoción de Jorge Winckler, y su nombramiento fue ratificado por el Congreso para un periodo de nueve años.
El diputado Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ha señalado que esta nueva legislación se aplicará a la fiscal en funciones, lo que podría abrir la puerta a su remoción. La votación de la reforma, que se llevó a cabo cerca de la medianoche, generó un intercambio acalorado entre los legisladores de Morena, quienes respaldaron el cambio, y los oposición que lo critican fuertemente.
Diputados de la oposición, incluyendo a la diputada Indira Rosales del PAN, han expresado preocupaciones sobre cómo esta reforma debilita a la Fiscalía y representa un retroceso institucional, al concentrar el poder de nombramiento en una sola persona y disminuir los contrapesos que antes existían en el proceso de designación del fiscal. Esto, según los opositores, podría facilitar un nombramiento que favorezca al nuevo gobierno.