El Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato ha sido criticado por su falta de efectividad en atender las solicitudes de apoyo de mujeres periodistas y activistas que se encuentran en situaciones de riesgo. A pesar de que estas mujeres, muchas de ellas únicas sustento de sus familias, acuden en busca de protección, el organismo no ha logrado adaptar su enfoque para abordar la complejidad de sus situaciones, a menudo ignorando la perspectiva de género y las múltiples cargas que enfrentan.
Este consejo fue establecido en octubre de 2017 como parte de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, pero no fue hasta abril de 2019 que tuvo su primera sesión formal, después de la emisión de su reglamento y la designación de consejeros. La creación del consejo se originó a raíz del violento ataque a la periodista Karla Silva en 2014, un evento que subrayó la necesidad de mejores mecanismos de protección para quienes ejercen el periodismo y defienden derechos humanos en la región.
A pesar de las promesas de apoyo por parte de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la realidad ha mostrado un contraste preocupante. En 2022, la gobernadora, en su calidad de presidenta del consejo, desestimó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que evidenciaba omisiones y fallas en la coordinación y la atención a las víctimas. La CNDH encontró que tanto el mecanismo federal como el gobierno estatal habían violado los derechos a la seguridad jurídica de una buscadora al no implementar adecuadamente medidas de protección.
En resumen, la ineficacia del Consejo Estatal y la negativa del gobierno a reconocer las críticas ponen en relieve la necesidad urgente de reformar las políticas de protección, especialmente con un enfoque sensible al género y a las particularidades de las mujeres en el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos.