El artículo menciona la persistencia del lavado de dinero en el sector construcción en Valle de Bravo, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, específicamente el Operativo Liberación que involucra a la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Durante un seminario sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se resaltó que los operativos no son suficientes y que se necesitan mecanismos regulatorios permanentes.
Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que el lavado de dinero en la construcción no solo involucra complejidades financieras, sino también actividades cotidianas visibles, como la compra de materiales, facturación de mano de obra y contrataciones con sindicatos. Esto no solo oculta el origen ilícito del dinero, sino que también puede implicar involuntariamente a ciudadanos, empresas y desarrolladores.
El análisis destaca un peligro particular: al contratar servicios de empresas controladas por el crimen organizado, los individuos pueden ser considerados cómplices de organizaciones terroristas, lo que podría llevar a repercusiones legales y financieras graves. Herrera alertó sobre el hecho de que en Valle de Bravo, todos los constructores son obligados a utilizar una sola empresa para el transporte de materiales, lo que demuestra la influencia del crimen organizado en la zona, vinculada a la Nueva Familia Michoacana.
En resumen, el llamado a la acción proactiva del gobierno y la necesidad de un enfoque integral y continuado en la lucha contra el lavado de dinero fueron temas centrales en la discusión.