En los últimos diez años, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León ha abierto 15,400 carpetas de investigación por calumnias, injurias y difamaciones, lo que ha generado preocupación entre activistas, organizaciones ciudadanas y periodistas, quienes ven este fenómeno como una herramienta de censura. En este contexto, han solicitado la derogación de estos delitos, justo cuando Nuevo León es uno de los pocos estados que aún los mantiene en su Código Penal, junto a Zacatecas y Yucatán.
En noviembre de 2024, la organización Propuesta Cívica y varias agrupaciones periodísticas de Nuevo León presentaron tres iniciativas al Congreso del estado. Estas propuestas buscan llevar a cabo una reforma integral al Código Penal del estado para alinearlo con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
La primera iniciativa plantea la derogación de los delitos contra el honor, argumentando que estos han sido empleados para hostigar y criminalizar a periodistas, activistas y manifestantes. La segunda iniciativa sugiere que estos delitos sean tratados dentro del Código Civil, mientras que la tercera busca reformar la Ley de Profesiones del Estado para ampliar la definición de periodista, que actualmente requiere un título profesional.
Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, explicó que las propuestas se originaron a partir de un estudio realizado sobre los códigos de las 32 entidades, la Ley Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, y la Ley Federal del Trabajo, lo que identificó a Nuevo León como uno de los estados más problemáticos en este ámbito. Analizaron los diferentes delitos que podrían representar riesgos para la libertad de expresión y propusieron que la redacción de las leyes sea más precisa y menos ambigua.
Cabe destacar que la iniciativa de modificación al Código Civil ya fue aprobada anteriormente, integrándose cambios en la normativa.