El problema del sistema penitenciario en la Ciudad de México es alarmante. A pesar de tener bajo control a más de 25,000 personas, persisten la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia dentro de sus muros. En el último año, circunstancias fatales y casos de extorsión desde prisión han resaltado la ineficacia de las medidas de aislamiento.
La falta de información clara y actualizada sobre los delitos que ocurren en estos centros es un factor que complica la gestión y supervisión del sistema. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha destacado la necesidad de un registro estadístico público que permita conocer la cantidad de crímenes, su naturaleza y las implicaciones dentro de cada reclusorio. La invisibilidad de la vida carcelaria y la opacidad en la información dificultan el abordaje de problemas críticos como la violencia, el abuso sexual y las actividades delictivas organizadas que continúan operando desde dentro.
El diseño del sistema penitenciario parece inadecuado para su propósito de rehabilitación y control del delito, convirtiéndose en un espacio donde la criminalidad puede prosperar en lugar de ser erradicada. Es crucial implementar un sistema de transparencia y monitoreo que permita un análisis más claro de las condiciones dentro de las cárceles, así como de los delitos que se cometen, para poder abordar efectivamente esta crisis.