La reciente reforma constitucional en México, que tiene como objetivo establecer un marco legal para combatir el feminicidio a nivel nacional, representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género. Con el respaldo de 27 de los 32 congresos locales, la reforma establece que el feminicidio no prescribirá y que se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades están obligadas a investigar y actuar en casos de este delito.
La ley también impone penas que van de 40 a 70 años de prisión, y busca homogeneizar el tipo penal en todo el país, generando un enfoque más unificado y fuerte en la respuesta a este problema. La declaración se produce en un contexto alarmante, con un notable aumento de feminicidios en el país, evidenciando la necesidad urgente de medidas más efectivas.
El Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Esta legislación, impulsada por la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República, pretende asegurar que cada muerte violenta de una mujer sea tratada como un feminicidio, incorporando una perspectiva de género y protocolos especializados en las investigaciones.
La Secretaría de las Mujeres, aunque actualmente sin titular tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora, expresó su compromiso de coordinar las políticas de prevención relacionadas con la nueva ley y de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Esto marca un paso adelante en el esfuerzo por erradicar la impunidad y ofrecer justicia a las víctimas de feminicidio en México.