La situación actual en México respecto a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un amplio debate y preocupación entre exconsejeros del IFE y del INE, así como entre académicos y miembros de la sociedad civil. En su pronunciamiento, estos grupos han abogado por la necesidad de una deliberación amplia y plural que incluya a diversos actores de la sociedad, como partidos políticos, instituciones, la academia y la ciudadanía.
Se destaca la importancia de preservar la integridad democrática, basándose en una historia de 40 años de desarrollo de instituciones que han permitido llevar a cabo procesos electorales confiables y creíbles. Los firmantes enfatizan que no se debe iniciar de cero, sino construir sobre los cimientos establecidos.
Entre los seis puntos fundamentales que proponen para la reforma, destacan:
1. **Fortalecimiento de los mecanismos de representación política**: Se busca asegurar que todos los sectores, especialmente las minorías, tengan voz efectiva en el sistema político. 2. **Preservación del Servicio Profesional Electoral Nacional**: Este servicio es clave para mantener la autonomía e independencia de las instituciones electorales a nivel federal y estatal.
3. **Designación de consejeros y magistrados**: Se propone evitar que estos sean electos por voto popular, sugiriendo alternativas de selección que incluyan a diversas entidades y profesionales.
4. **Control del Registro Federal de Electores**: La administración de este registro y otros instrumentos electorales debe estar bajo la autoridad electoral, asegurando la vigilancia de partidos políticos y garantizando la protección de datos personales.
Este llamado a un debate inclusivo sugiere una preocupación por la dirección que podría tomar la reforma electoral, buscando evitar que se comprometa la transparencia y la confianza en el sistema electoral mexicano.