y para garantizar que recibieran el apoyo adecuado en un entorno de confianza y respeto cultural. Sin embargo, la situación actual es de abandono y falta de recursos, lo que pone en riesgo el bienestar y la justicia para las mujeres indígenas que enfrentan violencia en su vida cotidiana.
El problema se agrava por la falta de atención a las necesidades específicas de estas mujeres, quienes a menudo son víctimas no solo de violencia de género, sino también de discriminación cultural y lingüística. La imposibilidad de acceder a servicios de apoyo de calidad y en su lengua materna amplifica su vulnerabilidad y dificulta su proceso de sanación y justicia.
El Centro de Justicia para las Mujeres de la Región de la Montaña, que debería ser un refugio de apoyo y asistencia, se encuentra paralizado debido a la falta de financiamiento, lo que resulta en un alto número de casos sin respuesta. Esto no solo afecta a las mujeres que buscan ayuda, sino también a las profesionales que están comprometidas con la causa y que ahora se ven imposibilitadas para realizar su trabajo.
La situación también refleja un incumplimiento por parte del Estado mexicano de las obligaciones adquiridas en la sentencia de la Corte Interamericana, que debía garantizar el resarcimiento del daño y brindar un entorno seguro para las mujeres indígenas. La falta de compromiso y recursos por parte de los gobiernos estatal y federal subraya la desatención histórica hacia la problemática de la violencia de género en comunidades indígenas.
La coordinadora del centro, Noemí Prisciliano Fernández, ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen en serio sus responsabilidades y garanticen el funcionamiento de estos espacios vitales para la atención de mujeres indígenas, solicitando no solo el pago de salarios, sino también un plan integral que permita un apoyo sostenido a largo plazo. Sin estos recursos, el ciclo de violencia y desigualdad perdurará, afectando gravemente a las poblaciones más vulnerables.