El Congreso del Estado de Chiapas ha decidido retirar el cargo y el fuero del síndico de Ocosingo, Martín Martínez Díaz, para que sea investigado por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. Las acusaciones en su contra incluyen desaparición forzada de personas, extorsiones en la región de la Selva Lacandona y portación de armas.
La decisión fue tomada a puerta cerrada por la mayoría legislativa, con 37 diputados presentes, quienes votaron a favor del juicio de procedencia en contra de Martínez Díaz. Como resultado, su suplente asumirá el cargo temporalmente.
Las investigaciones revelan que Martínez Díaz, que pertenece a la comunidad indígena tseltal, estuvo involucrado en la privación de la libertad de un hombre en la comunidad Nuevo Paraíso, quien sigue desaparecido. También se le investiga por extorsiones que sufrieron los habitantes de la Selva Lacandona, donde él supuestamente operaba junto a Cabrero Segundo López, un indígena lacandón que actualmente se encuentra en prisión por sus vínculos a una célula criminal que controlaba las rutas de la región, lo que afectó significativamente la actividad turística local.
Además, hay informes de que Martínez Díaz participó en un incidente en 2016 donde un grupo armado desarmó y humilló a soldados que estaban en la zona tras denuncias de vuelos de aviones cargados de droga. El pasado 3 de mayo, fue detenido por autoridades federales y estatales en la carretera Benemérito de las Américas-Palenque, donde se le encontró en posesión de armas de fuego, municiones y otros accesorios vinculados a actividades delictivas.