El texto plantea una grave problemática en México relacionada con el desplazamiento forzado de personas debido a la violencia generada por grupos delictivos. A pesar de que se han presentado iniciativas y recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las acciones legislativas han sido lentas, con la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno estancada en el Senado desde su aprobación en la Cámara de Diputados en 2020.
Hasta ahora, no hay un registro oficial de desplazados, aunque organizaciones de derechos humanos han documentado un número considerable de personas afectadas. Las cifras indican que desde 2006, aproximadamente 386 mil personas han sido desplazadas por la violencia en el país, con estados como Sinaloa, Chihuahua y Michoacán siendo los más afectados.
La situación se complica con la falta de voluntad del gobierno y otras instituciones para abordar el tema de manera efectiva, lo que ha llevado al Consejo Nacional de Litigio Estratégico a promover un amparo que exige al Congreso legislar sobre el desplazamiento forzado. Sin embargo, la falta de avances por parte de la Suprema Corte de Justicia, que ha pospuesto deliberadamente la discusión sobre este asunto, agrava la inacción.
Activistas y representantes de derechos humanos han manifestado su preocupación por la urgencia de ofrecer soluciones y legislar sobre el desplazamiento forzado, señalando que la problemática afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables. La falta de respuesta institucional y las demoras en el proceso legislativo evidencian un desinterés por parte de las autoridades para enfrentar esta grave crisis humanitaria.