La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha reportado la detección de 34 casos de tuberculosis en los Centros de Reinserción Social, donde las autoridades penitenciarias están impidiendo el acceso a atención médica adecuada para los afectados. Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDH, destacó que estas situaciones se han traducido en muertes de reclusos por la falta de atención médica desde el año 2000 hasta el 2005.
Durante una conferencia, Méndez Arellano presentó la recomendación 17-2006, instando al secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, a sancionar administrativamente a César Daniel Ramírez Acevedo, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, quien obstaculizó la entrada de visitadores de la CEDH a un centro penitenciario en agosto. Esta acción se considera un delito según las leyes nacionales y locales de derechos humanos, que garantizan el acceso de visitadores a los reclusos para verificar su situación.
La presidenta afirmó que se está perpetrando una política sistemática en el sistema penitenciario que dificulta la atención médica a la población encarcelada, lo que viola sus derechos a la salud. La CEDH también informó de otros problemas de salud entre los reclusos, como VIH, hepatitis, sífilis, y diversas enfermedades crónico-degenerativas, con un total de 11,243 reclusos a finales de 2025.