Las organizaciones ciudadanas Agua Para Todos, Agua para la Vida y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua han denunciado que el dictamen de la reforma en materia de aguas nacionales, que será sometido a votación en la Cámara de Diputados, fue elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Según estas organizaciones, esto representa una violación a la competencia legislativa, ya que Conagua no incluyó en su propuesta las sugerencias provenientes de los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y Audiencias Públicas.
Las agrupaciones afirman que el dictamen entregado por Conagua, el cual se votará en comisiones y posteriormente en el pleno, mantiene las estructuras que han conducido a problemas graves como la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la marginalización de sectores de la población. Los críticos argumentan que la reforma intenta perpetuar la ley de 1992, sin realizar cambios significativos, a pesar de que la Constitución indica que la Ley de Aguas Nacionales debería ser reemplazada por una Ley General de Aguas que garantice un acceso equitativo y sustentable al agua.
Entre las modificaciones que las organizaciones solicitan se encuentra la derogación del Artículo 102, que promueve concesiones con capital privado, y cambios al Artículo 44 para prohibir la privatización de los servicios de agua y saneamiento. La intención detrás de estas propuestas es prevenir costos excesivos, incumplimientos y la imposibilidad de cancelar concesiones en proyectos cuestionados como El Zapotillo, El Realito y la PTAR Atotonilco, así como la privatización de sistemas de agua en varios estados.