La reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación de Seguridad Pública en México ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones en la privacidad y la recopilación de datos. Con 368 votos a favor y 102 en contra, principalmente del PRI y del PAN, la reforma establece un marco sólido para el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que estará vinculado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta ley permite al CNI acceder a una vasta cantidad de información mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), incluyendo datos de registros públicos, información vehicular, datos biométricos, registros de armas, información financiera y más. La SSPC, por su parte, podrá solicitar información a diversas instituciones, tanto públicas como privadas, lo que plantea preocupaciones sobre la protección de datos personales y la vigilancia excesiva.
La reforma se encuentra en espera de su discusión en el Senado, donde se estima que será abordada el próximo lunes 30 de junio, antes de que concluya el periodo extraordinario en el Congreso. Este proyecto de ley es fundamental para la estrategia de seguridad pública del gobierno, pero también suscita interrogantes sobre la verdadera extensión de la vigilancia estatal y la privacidad de los ciudadanos.