Este artículo destaca una discrepancia importante entre las decisiones de los legisladores mexicanos y el sistema de salud pública que ellos mismos han contribuido a regular. A pesar de ser derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la mayoría de los diputados de las legislaturas LXIV y LXV optaron por servicios médicos privados en lugar de utilizar la atención médica pública.
El reportaje revela que, a lo largo de los años, hubo un aumento en la cantidad de legisladores que, al inicio de la pandemia de COVID-19, buscaron atención médica pública, pero esa tendencia no se mantuvo. De hecho, después de 2021, se observa una fuerte disminución en el uso de estos servicios. A pesar de que los legisladores tienen un descuento en su salario para el ISSSTE, muchos prefieren pagar servicios privados o asegurar su propia salud mediante seguros privados.
La cancelación de seguros de gastos médicos mayores y otras prestaciones por parte de los propios diputados, como se mencionó, parece haber influido en su decisión de optar por atención médica privada. Esta elección plantea cuestiones sobre la confianza en el sistema de salud pública y la utilización de recursos que ellos mismos regulan.
La disparidad entre sus decisiones personales y las políticas de salud pública evidencia una falta de alineación entre las leyes que crean y el sistema que ellos mismos utilizan. Esto podría provocar cuestionamientos sobre la efectividad y la accesibilidad del sistema de salud pública en México, así como la percepción de los legisladores sobre dicho sistema.