Arturo Cervantes Arroniz, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF) en la Ciudad de México, ha señalado que el retraso en la entrega de cuerpos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se debe principalmente a errores en la documentación proporcionada por el ministerio público, que representan aproximadamente el 60% de los casos.
Cervantes también alertó sobre prácticas indebidas en las que algunas funerarias cobran a los deudos por supuestamente acelerar procesos como necropsias y la entrega de certificados de defunción, insistiendo que el servicio de necropsia no tiene costo para los ciudadanos. Llamó al personal del ISPyCF a abstenerse de participar en estas conductas y destacó que solo la autoridad ministerial tiene el poder de autorizar la entrega de un cadáver, lo que pone en relieve la importancia de corregir los errores documentales para evitar complicaciones legales posteriores para los familiares de los fallecidos.
El ISPyCF, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México, tiene como responsabilidades el registro de personas fallecidas y la aplicación del Protocolo de Necropsia Homologado, que forman parte de la estrategia de búsqueda y localización de personas que el gobierno tiene prevista para el periodo de 2025 a 2030.