Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha manifestado que la disculpa pública que Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ofrecerá a las víctimas del incendio en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez no debe ser vista como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento. En su opinión, esta disculpa es un "primer paso simbólico" en un proceso más amplio de reparación integral del daño causado.
La disculpa, prevista para el 26 de octubre, es una de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón en un acuerdo que le permite a Garduño escapar de un proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el trágico incendio del 27 de marzo de 2023, que dejó 40 migrantes fallecidos. Este incendio se originó tras una protesta de los migrantes, quienes encendieron colchones, lo que llevó a una situación de emergencia. Los custodios del INM y de empresas contratadas por el instituto abandonaron el lugar, dejando a los migrantes atrapados en condiciones extremadamente peligrosas.
Las organizaciones que han expresado su postura incluyen la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en Migración y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, entre otras. En su declaración, enfatizan que la disculpa es una acción personal de Garduño y no del Estado mexicano, y subrayan que no pone fin al caso ni satisface las demandas de justicia. Además, exigen que el Estado mexicano provea una compensación económica a cada una de las 82 víctimas del incidente, así como reconocimiento y apoyo a las mujeres que también fueron afectadas.