La situación en Carrizalillo, Guerrero, refleja un conflicto significativo entre la comunidad ejidal y la minera canadiense Equinox Gold. Los ejidatarios han mostrado su descontento por la falta de negociación justa respecto a la ocupación de sus tierras y los daños ambientales que han sufrido. A pesar de las acciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que clausuró parte de la mina y ordenó medidas de remediación que no han sido cumplidas adecuadamente por la empresa, los representantes del ejido continúan buscando una solución a través de un diálogo mediado por el gobierno.
Los ejidatarios han expresado su urgencia por que la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, intervenga y aplique las leyes correspondientes para asegurar que sus derechos sean respetados y que se remedien los daños ecológicos. También han manifestado su rechazo a la propuesta de compensación económica que consideran insuficiente, dada la magnitud de la ocupación de sus tierras.
Este conflicto no solo destaca la problemática del acceso a la tierra y los derechos de las comunidades locales frente a intereses corporativos, sino también las implicaciones ambientales de la minería. La respuesta del gobierno y la empresa en los próximos días será crucial para determinar el rumbo de esta situación.