La asamblea del ejido El Bajío, compuesto por agricultores de Caborca, Sonora, ha decidido solicitar la cancelación de la concesión minera que permitió a una importante empresa minera operar en sus tierras. Esta solicitud se fundamenta en la falta de actividad minera en la zona durante más de dos años y se basa en reformas recientes a la Ley Minera que afectan la manera en que las empresas pueden obtener concesiones en terrenos ajenos.
El abogado Carlos Encinas, representante de los ejidatarios, explicó que, como propietarios de la tierra, tienen el derecho de pedir a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión debido al inuso de las tierras para explotación minera. Estas reformas, implementadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, restringen las posibilidades que tienen las empresas mineras para acceder a terrenos libres sin negociar con los propietarios.
El conflicto en El Bajío comenzó en 2009, cuando las tierras se sometieron a juicio, y se intensificó cuando la operación minera Soledad-Dipolos inició sin contar con permisos legítimos, según el Tribunal Unitario Agrario #28. En 2013, los ejidatarios lograron fallos judiciales que obligaron a la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC y Grupo Peñoles, a desalojar la zona, marcando un triunfo significativo para la comunidad afectada tras más de una década de lucha legal.