La situación del conglomerado farmacéutico de Miguel Antonio Granados Cervera, que ha recibido más de 10 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal en los últimos 15 años, plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en las contrataciones públicas en México. Este empresario, a pesar de no contar con cédula profesional y de haber enfrentado un procedimiento de insolvencia debido a deudas significativas, ha logrado mantener contratos, incluyendo la venta de vacunas rusas y la entrega de pruebas defectuosas al IMSS.
A través de su empresa Landsteiner Scientific, ha acumulado una notable cantidad de contratos, especialmente en 2025, donde se destacan más de 3 mil 500 millones de pesos en 80 contratos. Además, el vínculo familiar de Granados Cervera con exfuncionarios de gobierno de la vieja guardia aparentemente le ha proporcionado influencia y acceso a estas oportunidades a pesar de su historial financiero problemático.
Específicamente, la asociación con instituciones como Petróleos Mexicanos, que le otorgó recientemente un contrato importante, pone de relieve la falta de regulación adecuada y el posible conflicto de interés en el proceso de adjudicación de contratos. La información sugiere una necesidad urgente de revisar y reformar los mecanismos de contratación pública para asegurar que estén basados en la transparencia, la competencia justa y la responsabilidad.