El tema que se está abordando en la declaración de Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de México, es la preocupación sobre la reforma en materia de Telecomunicaciones y, específicamente, sobre el artículo 160 que permitiría a la Agencia de Transformación Digital solicitar a compañías de telefonía celular la geolocalización en tiempo real de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial.
Anaya critica la falta de transparencia en el proceso legislativo, señalando que no se ha presentado un dictamen claro sobre las modificaciones y cuestionando la relevancia del Congreso si el Ejecutivo puede decidir unilateralmente sobre legislaciones. Su afirmación sugiere un temor a un posible abuso de poder por parte del gobierno, describiendo la situación como un avance hacia un "estado espía". La preocupación central radica en que la geolocalización sin restricción judicial podría comprometer la privacidad y seguridad de los ciudadanos, al hacer posible el seguimiento de su ubicación y movimiento en tiempo real.
La discusión sobre regulaciones de este tipo es crítica en muchas democracias contemporáneas, donde el equilibrio entre seguridad nacional y derechos individuales, especialmente el derecho a la privacidad, es un tema recurrente.