La reciente elección judicial en México ha suscitado una serie de críticas y reflexiones en torno a la participación ciudadana y la legitimidad del proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido destruir más de 601 millones de boletas impresas para este ejercicio, de las cuales más de 522 millones no se utilizaron, dado que solo el 13% de los votantes acudió a las urnas. Este notable nivel de abstención, que se refleja como la tasa más alta en la historia de este tipo de elecciones, ha llevado a cuestionamientos sobre la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y de Morena para incentivar la participación, los resultados demuestran que una parte significativa de la población optó por no participar, y de quienes votaron, una gran cantidad lo hizo de manera nula. La impresión de las boletas, que se realizó en los Talleres Gráficos de México, tuvo un costo total de 754 millones de pesos, cifra que se incrementó debido a la necesidad de producir boletas para cada una de las nueve categorías de cargos judiciales disponibles.
Los detractores de la reforma han utilizado estos datos para cuestionar la legitimidad de los jueces electos, afirmando que la baja participación resta credibilidad al proceso. Aunque figuras como Claudia Sheinbaum, actual presidenta de la Ciudad de México, han calificado la elección de exitosa, la realidad es que el alto porcentaje de votos nulos y la escasa afluencia de votantes han generado un ambiente de dudas sobre la efectividad y el apoyo popular hacia este nuevo sistema judicial. La destrucción de las boletas no solo refleja un gasto significativo, sino también un fenómeno sociopolítico que podría tener repercusiones en las futuras elecciones y en el comportamiento ciudadano respecto a la participación en asuntos democráticos.