La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha expresado su preocupación por el impacto de las elecciones del 1 de junio de 2024 en el sistema judicial del país. Según su análisis, este proceso electoral, que busca renovar 800 cargos judiciales, no está diseñado para mejorar la impartición de justicia, sino que se ha configurado para controlar el Poder Judicial en función de intereses políticos y de ciertas agendas.
Coparmex señala que la reforma que llevó a este proceso electoral no se basó en un diagnóstico técnico orientado a fortalecer las instituciones, sino en una lógica de control que favorece la lealtad sobre la competencia profesional. Esto, advierten, podría comprometer la imparcialidad de los jueces y facilitar la interferencia de intereses partidistas y del crimen organizado, lo que a su vez podría resultar en impunidad y una mayor incertidumbre para la inversión económica.
El presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, también ha puesto en cuestión el perfil de los candidatos que están siendo propuestos, indicándoles que muchos de ellos parecen ser elegidos más por sus discursos populistas que por su formación jurídica y experiencia adecuada.
En resumen, desde la perspectiva de Coparmex, la reforma judicial y el proceso electoral pueden generar un escenario de fragilidad institucional que afecta negativamente al sistema de justicia y, en consecuencia, a la economía del país.